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miércoles, 24 de febrero de 2010

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Sabemos que los procesos económicos se caracterizan porque una pequeña alteración en una de sus variables puede aportar consecuencias positivas, pero también negativas.


Uno de los elementos que se debe tener en cuenta en la implementación de políticas públicas es el factor demográfico. En España, algunas de sus características actuales son:
-Aumento de la esperanza de vida gracias, entre otros, a las mejoras en sanidad

-Disminución del número de hijos por mujer. La presencia del homo oeconomicus junto a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo (y la forma en que esta lo ha hecho) hacen que las parejas confeccionen planes de futuro en base a sus recursos actuales y potenciales (se estudian las posibilidades reales de tener hijos, a lo cual se subordinarán factores prioritarios en épocas anteriores como el instinto maternal o de reproducción).
La combinación de ambas circunstancias ha dado lugar a que la pirámide poblacional haya comenzado a invertirse en los últimos años: la base se estrecha y la cúspide aumenta:

Por otra parte, las circunstancias del mercado de trabajo exigen que los individuos dediquen más años a formación, con el objetivo de obtener un currículum competitivo. Lo que conduce a que su incorporación al mercado laboral y, por tanto, a las cotizaciones a la hacienda pública, sea bastante más tardía.

El sistema español de Seguridad Social está basado en el concepto de reparto: las generaciones presentes financian las prestaciones de los sectores poblacionales que ya han dejado de participar en el mercado laboral.

La principal consecuencia con la que nos encontramos es que las bases del sistema cotizan menos años, al tiempo que la población tiende a envejecer. Esto ha llevado a algunos teóricos a alertar de que es posible que en un futuro no tan lejano el sistema se resienta.

Y aquí llega el tema, polémico, del que tanto hablamos estos días: el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años. Esta alternativa busca que el aumento de años cotizando pueda garantizar la cobertura de generaciones futuras. Pero no es la única. Otras propuestas podrían ser:

1. Estimular un boom demográfico. Complicado desde dos perspectivas: el cálculo racional en la planificación familiar del que antes hablábamos, y la falta de garantías sólidas de que tales generaciones podrán trabajar.

2. Actuar sobre el mercado de trabajo, básicamente creando empleo para reducir el paro. Los Estados pueden estimular la activación de procesos económicos concediendo subvenciones para la creación de empresas (con lo que surgirían puestos de trabajo) o destinando recursos a mejoras en infraestructuras, servicios, etc. El riesgo que plantea esta opción es el déficit público: que se gaste más de lo que se ha ingresado.

3.Introducir un modelo mixto o mutar a un sistema de capitalización individual. Esto supondría la aparición de algo parecido al ahorro privado, de tal suerte que la Seguridad Social retendría a cada trabajador un porcentaje sobre su renta para que este pueda disponer de esos recursos una vez se jubile. El problema de adoptar únicamente un sistema de capitalización individual radica en aquellos casos en que el trabajador, lejos de jubilarse, pierda de forma absoluta su capacidad para trabajar, y lo que haya cotizado hasta el momento no le sea suficiente para subsistir el resto de su vida.

Son tres alternativas expuestas en un boceto. Hay más e incluso estas mismas podrían combinarse. En cualquier caso, el debate está servido...

1 comentarios:

Anónimo dijo...

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Suecia: El sistema de capitalización

Esta porción secundaria del régimen se rige por los criterios de un sistema de capitalización y es financiada con el 2.5 % restante de los ingresos de los trabajadores que recauda el Estado. En la misma, un conjunto de administradoras de fondos privadas manejan las inversiones de los fondos acumulados en estas cuentas individuales secundarias de los trabajadores quedando en manos del Estado la recaudación de los fondos y el posterior pago de los beneficios. De esta manera se busca mantener una combinación entre la toma de riesgos individual y el criterio de solidaridad intergeneracional, en el cual la primera es fuertemente acotada.

A fin de garantizar la competencia entre las administradoras, evitando la centralización de los fondos y permitiéndole una mayor decisión acerca de la composición de la cartera, el aportante tiene la posibilidad de dividir su fondo en hasta 5 administradoras simultáneamente con la posibilidad diaria de modificar su decisión sin costo alguno. Inclusive, dado que las transferencias son asignadas por el Estado, quien lleva registro de las cuentas individuales, las administradoras no tienen acceso a la identidad de los afiliados que integran su cartera.

2 La edad de jubilación es flexible a partir de los 61 años, siendo que mientras continúe desarrollando actividades laborales los fondos acumulados siguen incrementándose mejorando la prestación final.

Los costos de administración de esta porción del sistema son de 0.3 % del fondo acumulado por la parte Estatal más 0.5 % por parte de las administradoras del fondo (0.7% del capital en total).

En el sistema de capitalización argentino, las actuales comisiones equivalentes a un 35% del aporte personal (a lo que debe agregarse el costo de seguro) representan un costo considerablemente mayor para el funcionamiento de un sistema que no ofrece las ventajas mencionadas para el manejo de las cuentas individuales.

Extraido de: http://www.losocial.com.ar/nota.asp?iddocs=2977

F.★

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