dación en pago

Entre los efectos de la crisis económica se encuentra la previsión de unos 150.000 embargos para el año 2010 en España.

La sobrecarga en las deudas familiares da lugar a que en estos tiempos aparezcan en los escaparates de las alternativas, fórmulas como la dación en pago. Se trata de una figura jurídica que presupone una obligación entre dos partes. Llegado el momento de su satisfacción y ante la imposibilidad de hacer frente a la misma, la parte afectada ofrece la entrega de cosa distinta de la que se pactó, o la realización de prestación diferente, en su caso.

En el derecho inmobiliario el sistema quedaría configurado de tal forma que vencida e insatisfecha la obligación de pago de la hipoteca por el deudor, éste entrega su vivienda a la entidad bancaria. Por su parte, el banco expide carta de pago al deudor hipotecario por la cantidad ya satisfecha y la deuda queda extinguida. Es frecuente una reconducción del negocio jurídico hacia otras figuras, como el arrendamiento, para que el deudor pueda seguir disfrutando de la vivienda, aunque sea en concepto de inquilino.

No obstante, desde algunas asociaciones de consumidores se han denunciado prácticas abusivas por parte de las entidades bancarias que en teoría, acudirían a mecanismos irregulares en la tasación de las fincas y que, además, supondrían la persistencia de parte de la deuda con lo cual la obligación no ha desaparecido.

Las recomendaciones habituales son consultar cada uno de los puntos del pacto o contrato que resulten difusos y, en la medida de lo posible, acudir a la negociación con el banco asistido de un representante de alguna asociación de consumidores.

breves apuntes sobre planificación estratégica. críticas

¿Es implementable la planificación estratégica en los planes de modernización de las Administraciones Públicas?

Lo primero que habría que destacar es que la planificación estratégica como herramienta para optimizar procesos emergió en el contexto de la gestión de empresas privadas. Por otra parte, la participación del Sector Público en la economía impone que la acción ha de adecuarse a directrices políticas (al menos en puridad, así debería ser). Por tanto, algunos procesos de planificación, característicos por su extensa dilatación temporal, no tendrían -en principio- cabida en las Administraciones Públicas.

Algunos autores consideran que la planificación estratégica asiste a un proceso de descrédito, incluso en el ámbito de organizaciones privadas. En este sentido, Gary Hamel publicaba un artículo en la Harvard Business Review identificando el problema en la escasa capacidad de las empresas actuales para identificar el grado de separación existente entre la planificación y la formación/implementación de estrategias.

Estos sectores critican el exceso de formalidad presente en los procedimientos, de tal suerte que este carácter estático impide la convergencia (en la planificación) de aspectos como la innovación, la visión de futuro o la flexibilidad necesaria para adoptar un pensamiento estratégico constante.

Pero estos parecen factores imprescindibles para la mejora del rendimiento empresarial. Con lo que, ¿habría que redefinir las variables ínsitas en la planificación estratégica?

En próximos capítulos, recopilaremos algunas notas propias de la gestión estratégica.

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Sabemos que los procesos económicos se caracterizan porque una pequeña alteración en una de sus variables puede aportar consecuencias positivas, pero también negativas.

Uno de los elementos que se debe tener en cuenta en la implementación de políticas públicas es el factor demográfico. En España, algunas de sus características actuales son:

-Aumento de la esperanza de vida gracias, entre otros, a las mejoras en sanidad

-Disminución del número de hijos por mujer. La presencia del homo oeconomicus junto a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo (y la forma en que esta lo ha hecho) hacen que las parejas confeccionen planes de futuro en base a sus recursos actuales y potenciales (se estudian las posibilidades reales de tener hijos, a lo cual se subordinarán factores prioritarios en épocas anteriores como el instinto maternal o de reproducción).

La combinación de ambas circunstancias ha dado lugar a que la pirámide poblacional haya comenzado a invertirse en los últimos años: la base se estrecha y la cúspide aumenta:

Por otra parte, las circunstancias del mercado de trabajo exigen que los individuos dediquen más años a formación, con el objetivo de obtener un currículum competitivo. Lo que conduce a que su incorporación al mercado laboral y, por tanto, a las cotizaciones a la hacienda pública, sea bastante más tardía.

El sistema español de Seguridad Social está basado en el concepto de reparto: las generaciones presentes financian las prestaciones de los sectores poblacionales que ya han dejado de participar en el mercado laboral.

La principal consecuencia con la que nos encontramos es que las bases del sistema cotizan menos años, al tiempo que la población tiende a envejecer. Esto ha llevado a algunos teóricos a alertar de que es posible que en un futuro no tan lejano el sistema se resienta.

Y aquí llega el tema, polémico, del que tanto hablamos estos días: el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años. Esta alternativa busca que el aumento de años cotizando pueda garantizar la cobertura de generaciones futuras. Pero no es la única. Otras propuestas podrían ser:

1. Estimular un boom demográfico. Complicado desde dos perspectivas: el cálculo racional en la planificación familiar del que antes hablábamos, y la falta de garantías sólidas de que tales generaciones podrán trabajar.

2. Actuar sobre el mercado de trabajo, básicamente creando empleo para reducir el paro. Los Estados pueden estimular la activación de procesos económicos concediendo subvenciones para la creación de empresas (con lo que surgirían puestos de trabajo) o destinando recursos a mejoras en infraestructuras, servicios, etc. El riesgo que plantea esta opción es el déficit público: que se gaste más de lo que se ha ingresado.

3.Introducir un modelo mixto o mutar a un sistema de capitalización individual. Esto supondría la aparición de algo parecido al ahorro privado, de tal suerte que la Seguridad Social retendría a cada trabajador un porcentaje sobre su renta para que este pueda disponer de esos recursos una vez se jubile. El problema de adoptar únicamente un sistema de capitalización individual radica en aquellos casos en que el trabajador, lejos de jubilarse, pierda de forma absoluta su capacidad para trabajar, y lo que haya cotizado hasta el momento no le sea suficiente para subsistir el resto de su vida.

Son tres alternativas expuestas en un boceto. Hay más e incluso estas mismas podrían combinarse. En cualquier caso, el debate está servido...

Declaración de pandemia

Y en esas estaba cuando vio la luz el número 6 de la revista Freshpolitik (http://www.freshpolitik.com/STARTPOLITIK.htm). En esa edición, Pedro Carrasco publica un artículo titulado "La gripe del miedo" que recoge un enfoque de la situación bien documentado (con cifras y nombres propios) que puede arrojar luz sobre la opacidad con que últimamente se está tratando el fenómeno.
A continuación, dejo las claves del texto, aunque recomiendo su lectura completa:

• Declaración de emergencia de salud pública internacional por parte de la OMS.
• Ampliación de la definición de pandemia, de tal suerte que el índice de mortalidad deja de ser relevante (de ahí que se mantuviera la situación de alerta a pesar de que la gripe A ha causado unas 8800 muertes y la estacional entre 250 000 y 500 000).
• Proliferación masiva de vacunas que no han sido suficientemente experimentadas. A tal efecto, los laboratorios farmacéuticos han gozado de inmunidad legal y el contexto normativo impide que, en caso de perjuicios sobre la salud del paciente causados por esta vacuna, el afectado pueda proceder judicialmente contra la autoridad sanitaria que recetó el fármaco y contra el laboratorio encarcagado de su desarrollo. Se exceptúan los casos de dolo (uso del medicamento a sabiendas de que va a resultar nocivo para quien lo consume) y defectos en el producto (por ejemplo, que esté caducado al tiempo de su prescripción médica).
• Venta de la vacuna a los Estados, con beneficios de varios miles de millones de euros para los laboratorios farmacéuticos.

Todos los que, motivados por una sensación de contagio inminente, presionábamos a nuestros Ministros de Sanidad para que la vacuna llegara a nuestras farmacias y centros sanitarios "antes de ayer", pensemos en el número de conocidos que se han vacunado. Y reflexionemos:

¿Hemos asistido a una maniobra de marketing al servicio de intereses de corporaciones farmacéuticas? o en cambio, ¿se trataba de una emergencia sanitaria real que necesitaba las respuestas que se han articulado?

Gripe A: alarma social

La primera vez que se me encendió la bombilla de alarma respecto a los riesgos de la gripe A fue una tarde que encontré a un niño de unos 7 años con una mascarilla puesta en los pasillos del supermercado.

Varios días más tarde, observé cómo ese mismo establecimiento anunciaba la llegada de geles antisépticos para lavarse las manos sin necesidad de usar agua. Y obviamente estaban estratégicamente colocados justo a la entrada del local.

Bien. El siguiente paso ha sido el eco que se han hecho los medios del fenómeno que se está extendiendo entre algunas empresas, que han puesto a disposición de sus trabajadores varias unidades de estos productos. Para garantizar un cierto nivel de inmunidad en las plantillas y calmar posibles preocupaciones, suponemos.
Me pregunté si el consumo de tales bienes sería coyuntural o no...